Estos reos que serán juzgados, no son personajes de ficción, no son seres de lejanas tierras; son vecinos nuestros que mantenían una doble vida ante la comunidad, son personas que cruzábamos en las esquinas, saludábamos y respetábamos por su tarea de servidores públicos, era gente que debía cuidarnos.

Estas personas manipularon nuestras vidas y destruyeron nuestras familias y hogares.

A 27 años de la recuperación del sistema democrático y a 34 del fatídico golpe cívico militar, el hecho jurídico tiende a reparar mínimamente las injusticias cometidas durante ese período.

Pero hay deudas antiguas que no se han pagado; con victimas peronistas que aún hoy reclaman justicia. Los perseguidos del 55, los fusilados del 56, los encarcelados de los 60 también necesitan reconocimiento y justicia.

Por sus familias, por su militancia, por su propia valoración, ellos necesitan ser rescatados del ostracismo y de esa media vida que hasta ahora han tenido. Fueron 18 años, desde el 55 al 73; en que sus familias los ocultaron, los negaron a sus vecinos y hasta desconocieron sus vínculos sanguíneos.

Esos hombres anónimos, que proclamaban el regreso de Perón y luchaban con el único elemento de que disponían, la palabra; arriesgaron vida, familia y futuro por un ideal. Esos hombres y mujeres merecen tener justicia. La historia les dio el lugar que se ganaron, los hombres debemos darle el reconocimiento que se merecen por su labor militante.

Esta búsqueda de justicia actual, es un espasmo de tiempos idos y de sentimientos encontrados. Un juicio no puede resarcir a la victima de sus sufrimientos anteriores, quizás alcance para sentirse vengado, pero nunca podrá ser quitado de su memoria. 

Fue muy duro ver a padres, hijos, esposos o hermanos encarcelados, exiliados o desempleados por el solo hecho de ser peronistas o militantes sociales. Tan duro, que se convirtió en una cuestión social y hasta discriminatoria, cuando el vecino evitaba identificarse como peronista por temor a la persecución, o consecuencias físicas o laborales.

Con el regreso de la democracia en el ‘83, las luchas por el reconocimiento y la justicia se profundizaron; pero fueron pocos los que se jugaron y enfrentaron posibles ‘vendetas’ del ejército gorila.

Desde el gobierno nacional la estrategia era acordar y ceder algo de poder para mantener a las fuerzas armadas “tranquilas”.

De hecho; el Presidente Alfonsin planificaba las leyes de “punto final” y “obediencia debida” como argumento de resguardo de la democracia argentina. Mientras; en La Pampa, el Gobernador Rubén Marín, recién asumido; firmaba un decreto para la investigación y posterior juzgamiento de los partícipes en delitos de lesa humanidad y/o violación de los derechos humanos. Se investigó, procesó a partícipes y exoneró a oficiales de policía responsables de delitos enmarcados en el terrorismo de estado.

El gobierno radical de Raúl Alfonsin, creó el marco jurídico para que los responsables de violación a los derechos humanos, tortura y desaparición de personas y asesinatos políticos, quedaran impunes mediante leyes acordadas para beneficio de militares asesinos.

No fue una época fácil, en realidad, fue un momento histórico cargado de extremismos y contradicciones. La historia y los dirigentes que la sociedad definió, marcaron un nuevo rumbo hacia la identidad que merecemos y queremos construir.

No habrá justicia total mientras no se esclarezca toda la verdad. No será posible lograr en la sociedad un  sentimiento de satisfacción, pertenencia y patriotismo, mientras la justicia sea parcial. Serán juzgados los que encarcelaron, torturaron y mataron, pero los que planificaron, ordenaron y ejecutaron el plan seguirán libres y sin manchas.

Es tiempo de verdad, pero también es tiempo de justicia para todos los argentinos.

Bienvenido el juicio a los reos transgresores de los derechos humanos; pero es mejor el reconocimiento de la sociedad a quienes entregaron sus vidas, libertades y familias por una Patria mejor, un pueblo feliz y un futuro venturoso.

Oscar Cristensen

DNI 10 614 849